Como otros tantos edificios de Tlatelolco, el Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda...

 

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Como otros tantos edificios de Tlatelolco, el Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda fue abandonado a su suerte; pero una vez confirmada su demolición la Iniciativa Privada se disputó la reconstrucción y su operación y prestación de todos los servicios de apoyo, bajo el cobijo de la ley más polémica de los últimos años: la de las Asociaciones Público Privadas (APP), la que a los especialistas hace temer el desmantelamiento del Estado mexicano.

El nuevo Hospital de Alta Especialidad es el único proyecto de APP al que la Cámara de Diputados le autorizó presupuesto en 2014, lo cual lo convertirá en el primer hospital público en México financiado por esa vía, con un monto de mil millones de pesos, que aportarán los ganadores, al tiempo que asumen una concesión para dar servicio por 20 años.

Tradeco, en conjunto con IGSA Medical, es la empresa ganadora de la licitación para construir el Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, que deberá atender a más de 756 mil derechohabientes del norte de la Ciudad de México.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sebastián Lerdo de Tejada, dio a conocer el 8 de septiembre pasado la realización del “Acto de Fallo” de la Licitación Pública Internacional Mixta, publicada el 27 de marzo de 2014, mediante la cual se concursó la realización del Proyecto de Sustitución del Hospital General.

De entre siete postores nacionales e internacionales, son Tradeco, de Federico Martínez, e Infraestructura y Grupo Industrial IGSA, de Jorge Villalobos, los consorcios que realizarán la remodelación del nosocomio en Tlatelolco, que operó hasta septiembre de 2011, cuando fue cerrado. Ahora, se espera que entre en operaciones en 2016.

 

“PERIODO DE SEQUÍA”

Para Sebastián Lerdo de Tejada es el fin del “periodo de sequía” en el que estuvo sometido el Instituto. Incluso, anunció que pronto concluiría ese ciclo de “algo así como 40 años que el ISSSTE no construye un magnífico hospital en la Ciudad de México”.

En el marco de una gira presidencial por Acatlán de Osorio, Puebla, el pasado 8 de enero, el funcionario federal reconoció que desde hace tiempo “está abandonado, en ruinas, el hospital Gonzalo Castañeda. Se deterioró; se arruinó” pero, anunció, “lo entregaremos a la picota. Y levantaremos uno nuevo. ¡Uno flamante!”.

La premisa para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ahora que regresó al poder es “acelerar el paso en la transformación de instituciones”, por lo cual en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados se pidieron 956 mil 3 millones de pesos para la construcción y operación del Hospital.

Al decir del director del Instituto, el viejo hospital entorpecía la prestación de los servicios médicos. En declaraciones realizadas el lunes 23 de diciembre de 2013, detalló que el nosocomio fue definitivamente cerrado en septiembre de 2011 por el deterioro de sus instalaciones hidráulicas y eléctricas, por representar un riesgo para la salud de los derechohabientes y de los trabajadores.

 

¿Y LA SEGURIDAD SOCIAL?

La historia del abandono de las clínicas y hospitales del ISSSTE es vieja, pero un hecho extremo es que los últimos dos gobiernos conforman un paréntesis gris en el que se abandonó su objetivo central, brindar seguridad social.

Lerdo de Tejada recordó que particularmente en Tlatelolco la causa de tal deterioro fue que nunca contó con mantenimiento. De ahí que en época de lluvias el sótano, donde se encontraba el comedor, se inundaba. Sólo funcionaba una de las calderas; las otras requerían reparaciones que nunca se le pudieron realizar por falta de dinero.

Lo anterior es una verdad a medias, pues además de la carencia de presupuesto la realidad es que se modificó el diseño original de la clínica, aunado a que no recibió el mantenimiento preventivo adecuado. Desde sus inicios, en 1968, se le agregaron nuevas áreas de atención en los diferentes pisos hasta sobresaturarlo, cuando la opción era construir desde entonces un nuevo hospital. Cada nueva área u oficina implicaba instalar más baños y lavabos, lo que finalmente saturó la red hidrosanitaria.

Ya no tenía hacia dónde crecer y trabajaba bajo el riesgo latente de explosión de una de las calderas. Las fisuras y desprendimientos evidenciaban el daño estructural, además del hundimiento del inmueble.

Al momento de su cierre en medio del caos por la previa suspensión de los servicios médicos en agosto de 2011 el hospital atendía 30 por ciento de pacientes por encima de su capacidad real. Por sus consultorios y pasillos circulaban de 8 a 10 mil personas diariamente, entre trabajadores y derechohabientes, cuya seguridad estaba en riesgo en áreas críticas, como la de urgencias, donde en un espacio sin ventilación suficiente, diseñado para 11 camas, había el triple, además de accesos y pasillos bloqueados por enseres inservibles.

 

ECONOMÍA MIXTA, UNA QUIMERA

El Dictamen de viabilidad suscrito por la Dirección de Finanzas del ISSSTE señala que el proyecto para el nuevo hospital cumple con los análisis establecidos en el artículo 14 de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), la cual regula de manera expresa el esquema bajo el cual el gobierno (federal, local y municipal) puede celebrar contratos con privados para la realización de proyectos de prestación de servicios en la que los bienes necesarios son adquiridos, total o parcialmente, por los privados, mientras que el gobierno paga en plazos de 10, 15 o más años, por lo que hasta entonces recibe la infraestructura en operación.

En el Anexo 4.A del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, en el rubro Proyectos de APP, se explica que “para atender los requerimientos de infraestructura del país en el marco de la globalización económica se han aplicado mecanismos con base en los esquemas tradicionales de contratación y de otorgamiento de concesiones, los cuales no fueron diseñados para la promoción y ejecución de proyectos en los que exista una asociación entre el sector público y el sector privado”.

En cuanto a la infraestructura del ISSSTE, sólo se hace referencia a la construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda bajo el esquema APP, el cual “se consolida en el ejercicio fiscal 2014 como una opción viable de contratación en la que se conjuguen los esfuerzos del sector público y del sector privado del país, para dotar a la sociedad de mejores servicios y de la infraestructura necesaria para su desarrollo”.

Sin embargo, especialistas vislumbran que ese esquema implica la privatización de todos los sectores y servicios públicos, lejos de fortalecer el régimen de economía mixta. La LAPP –aprobada en 2012 por el Congreso de la Unión– abre, en términos llanos, a la iniciativa privada todos los sectores, bienes y servicios que por mandato constitucional controla el Estado; de allí que el politólogo e historiador Arnaldo Córdova, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la defina como el “fin del Estado mexicano” (Contralínea, 19 de enero de 2011).

Hoy está abierta la posibilidad de lucrativos negocios en áreas del sector salud, educación y seguridad pública, con la prestación de parte particulares de todo tipo de obras y servicios, incluidos los prohibidos por la Constitución y no contemplados tampoco en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ni en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.

Entre las disposiciones más polémicas se destaca que ahora los privados participarán en la construcción y administración de servicios públicos no como contratistas, subcontratistas o proveedores, sino en sociedades pactadas hasta por 40 años, entendiéndose la sociedad como la trasferencia de funciones que les cede el gobierno.

En la práctica, dichas asociaciones comenzaron a ejecutarse desde hace más de una década en los sectores de comunicaciones y transportes con las concesiones y privatización carretera; el de salud, mediante la subrogación de infraestructura hospitalaria y servicios médicos en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Pero el saldo de esos esquemas que precedieron a las APP es contundentemente negativo: una historia de privatizaciones y posteriores rescates con cargo al erario.

Se aprobó una ley que violenta por completo el artículo 27 constitucional, lo que la hace “la ley más privatizadora de todos los tiempos”, advirtió Ricardo Monreal Ávila, entonces coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LVI Legislatura del Senado de la República.

 

“MOVER A LAS INSTITUCIONES”

La Clínica Gonzalo Castañeda abrió sus puertas en 1968. Alberga el mural de José Chávez Morado intitulado Seguridad y protección para los trabajadores. Fue financiado por el ISSSTE, al igual que 16 edificios de habitación de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco, el paradigma de la arquitectura moderna que podía ofrecer el mundo libre ante la amenaza que le representaba la Cuba comunista.

En los años 60 se cumplían 50 años del inicio del primer movimiento social del siglo XX y el régimen emanado de esa gesta revolucionaria se aprestaba a mostrarse al mundo como el constitutivo de un Estado moderno, inaugurado por Plutarco Elías Calles, que dotaba al país de un crecimiento económico sostenido y de una estabilidad política, enmarcados en los “milagrosos” tiempos del Desarrollo estabilizador.

En las postrimerías de su sexenio, el presidente Adolfo López Mateos inaugura, el 21 de noviembre de 1964, una de sus obras más ambiciosas. No es casual que impusiera oficialmente su nombre al complejo urbano.

En medio de un horizonte de estable y promisorio desarrollo económico que garantizaba por fin la cristalización del proyecto modernizador de la Revolución de 1910, Tlatelolco representaba el mejor ejemplo de la solución al problema nacional de la falta de habitación popular con perfiles de dignidad, tarea en la que se decía concurrían por igual la IP y el sector público, representado este último por sus instituciones más preciadas: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE y el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, actualmente Banobras.

Es decir, el Estado benefactor en pleno proporcionaba un moderno concepto arquitectónico en materia de vivienda multifamiliar, en el que procuró dar albergue –en el sentido amplio de la palabra: vivienda, vías de comunicación, jardines, patios, edificios de recreo y centros de salud y educativos– a más de 70 mil personas.

Se promovía que aún era posible una mejor y más equitativa distribución de la riqueza sin tener que recurrir al “malsano” ejemplo del cambio social por conducto de una revolución armada radical. El Estado mexicano quería ser ejemplo de ello y se esmeraba en montar la escenografía para ser exhibida al horizonte mundial.

El punto culminante para abrir la ventana al mundo era el 12 de octubre de 1968, con la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos... pero todo decayó en desencanto, mostrando mostró al mundo el verdadero rostro de la revolución institucionalizada: el del autoritarismo y la corrupción.

Eran tiempos de la “guerra fría” y la paranoia de la conjura comunista hizo presa de las autoridades mexicanas, quienes se habían asumido como el baluarte del mundo libre. En su afán de “salvar las Olimpiadas” de la subversión cayó en excesos.

Gustavo Díaz Ordaz, investido como el abanderado de la Patria, despliega entonces el Gran Castigo contra los reclamos de su juventud. Bien describe ese momento el escritor Carlos Fuentes.

Desde Madrid, el intelectual expuso su tesis: “La Revolución Mexicana se justificó así misma como todas las revoluciones se legitiman a sí mismas; dictan sus leyes, se establecen. En nuestra Revolución hay que distinguir la ‘etapa armada’, que finalizó hacia 1920, de la ‘etapa de construcción revolucionaria’, que dura desde el régimen de Obregón al de (Plutarco Elías) Calles, al de (Lázaro) Cárdenas, (Miguel) Alemán, (Adolfo) Ruiz Cortines y se empieza a desintegrar con el de (Adolfo) López Mateos, con una especie de pacto en el que el gobierno le dice al pueblo: Te voy a dar educación, comunicaciones, salud, seguridad social, trabajo, desarrollo económico... pero no te voy a dar democracia”. Así, la matanza de Tlatelolco rompió la legitimidad de la Revolución, concluyó Fuentes. (Proceso, 11 de mayo de 2003).

Fue el comienzo de una larga agonía para las instituciones de asistencia social emanadas de esa Revolución. El caso de Tlatelolco, y específicamente el Hospital Gonzalo Castañeda, ilustra lo anterior.

A los largo de 50 años desaparecieron del panorama urbano la Vocacional 7, estigmatizado por el 68, y 11 edificios de vivienda dañados por los sismos de 1985. Permanece en ruinas el Cine Tlatelolco, aunque lograron salvarse de la ignominia las dos edificaciones simbólicas del conjunto urbano: la Torre Insignia y la Torre de la Cancillería.

Es evidente cómo languidece el Estado de Bienestar que alcanzó su cima en el montón de arena llamado Tlatelolco hace medio siglo. Efectivamente, es la “transformación de instituciones” –como pregona el nuevo PRI– pero las de un Estado neoliberal, el que legitima el máximo lucro para sostener vivo un sistema imperante en el mundo globalizado.